¿El 26 de junio tenemos los ciudadanos libertad de elegir la política económica que queremos?
Lo dudo, porque las cartas del juego ya han sido repartidas antes de las votaciones. La semana pasada la Comisión Europea tomó dos decisiones que hipotecarán el futuro de esa política económica para lo que resta de año y para todo 2017: primero, suspendió hasta después de las elecciones la posibilidad de multar a nuestro país con hasta un 0,2% de su PIB por incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit, unos 2.200 millones de euros (¿qué reglas son éstas en que las sanciones hacen más difícil el camino para obtener los resultados que se desean?); y segundo, estableció las nuevas metas para reducir el desequilibrio presupuestario, lo que significa la obligación de que España reduzca su déficit en otros 8.000 millones de euros en año y medio.
La soberanía es un poder que no reconoce a otro poder superior. Si los Estados admiten que hay poderes superiores que les dictan las políticas (en este caso, la económica) significa que no son de todo soberano. Se puede renunciar a grados de soberanía por otra soberanía superior si está más legitimada por ser más democrática, más garantista, y más eficaz. No es el caso de la actual Unión Europea y del Eurogrupo
