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Así queda el nuevo sistema de formación de trabajadores (2)

 

Oferta subvencionada: El mejor organizador se llevará las ayudas

La otra vía para formar a los trabajadores ocupados seguirá siendo la formación subvencionada. Se trata de programas fundamentalmente sectoriales y transversales que hasta ahora gestionaban e impartían fundamentalmente las patronales y los sindicatos. Aquí se produce uno de los mayores cambios del sistema, ya que desde ayer la obtención de estos fondos (cerca del 20% de los ingresos por cuotas) queda abierta al 100% a la concurrencia competitiva. Esto es, ya no son fondos reservados a los agentes sociales para la gestión e impartición del dinero de los cursos, sino que podrán optar a ellos cualquier centro privado acreditado.

P¿Quién dirá qué tipo de formación, programas y cursos salen a concurso con financiación pública?

  1. La detección de las necesidades formativas, así como su diseño, programación –que a partir de ahora deberá ser plurianual– y difusión se hará con la participación de las organizaciones patronales y sindicales más representativas; y las representativas en cada sector, a través de las estructuras paritarias sectoriales que se constituyan o ya existan.

Asimismo, podrán participar las organizaciones más representativas de autónomos y otras “de acreditada experiencia que decidan las autoridades competentes”.

P¿Cómo se financiará el diseño de estas estrategias plurianuales?

  1. Los trabajos de investigación de las necesidades formativas del tejido productivo, las empresas y los trabajadores se financiarán mediante el presupuesto que se asigne a la nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (actualmente Fundación Tripartita) o de las administraciones competentes. La distribución de los fondos para este diseño de los programas y la oferta de cursos “se realizará en función de la actividad efectivamente realizada”.

P¿Cómo se realizarán los concursos para la adjudicación de los cursos?

  1. Cuando se comunica la oferta formativa para cada ejercicio, se fijarán módulos de precios/hora por participante, en función del tipo de formación (sectorial o transversal), y según dichos módulos se adjudicará la impartición de los cursos a las ofertas que se ajusten más al precio estipulado.

En el importe de estos módulos estarán incluidos tanto los costes directos (profesor, material, etc.) como los indirectos (luz, agua u otras infraestructuras de funcionamiento del centro). Estos últimos costes indirectos no podrán superar el 10% del coste total de la actividad formativa realizada y justificada.

En este tipo de formación subvencionada, el nuevo sistema incluye otro cambio importante: desde ayer las Administraciones solo adelantarán el 25% de los fondos públicos antes de empezar la formación. El 35% del coste se abonará una vez se comunique el inicio del curso y el 40% restante, cuando se confirme que ha concluido con éxito.

P¿Qué tipos de enseñanzas se promoverán hasta que se diseñen las nuevas necesidades formativas?

  1. Las competencias transversales prioritarias para 2015, según el Real Decreto aprobado el pasado lunes, será aquellas relacionadas con los idiomas, la ofimática, las tecnologías de la información y la comunicación, los conocimientos financieros y jurídicos, así como todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de las Administraciones.

Desempleados

Llega el ‘cheque formación’

La formación a desempleados, en la que se invierte al menos la mitad de los fondos públicos de formación, seguirá gestionándose desde las comunidades autónomas fundamentalmente. La ejecución de estos cursos también queda abierta a la libre concurrencia, algo que ya se producía en algunas comunidades.

P¿Qué es el cheque formación?

  1. Se trata de la principal novedad del sistema a la hora formar a los desempleados. Las comunidades autónomas podrán optar como alternativa a las convocatorias de subvenciones por ofrecer a los parados un cheque formación, que les permitirá escoger el centro donde realizar el curso asignado.

P¿Quién diseñará esta oferta de cursos?

  1. Las Administraciones Públicas competentes, con informe preceptivo y no vinculante de las patronales y los sindicatos.

 

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