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La reforma de la formación para el empleo, la que se hace con ocupados y parados, se ha materializado después de dos años de negociaciones

El texto que ha aprobado el Consejo de Ministros mantiene un papel reducido pero importante de los agentes sociales, que podrán seguir impartiendo cursos y teniendo acceso a dinero del sistema. El Gobierno ha modificado su intención inicial de apartar totalmente a sindicatos y patronales de la impartición después de que en las últimas semanas las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME manifestaran su descontento con el nuevo sistema.

En año electoral, lo mejor es elaborar grandes medidas de reforma que se puedan presentar como acuerdos, sin descontento de las partes afectadas. Es la orientación que parece haber adoptado el Gobierno en su último borrador de la reforma de la formación para el empleo, en la que suaviza notablemente su intención inicial de quitar a patronales y sindicatos su papel en la impartición de los cursos después de los escándalos que han sacudido el sistema. Los agentes sociales pierden influencia, sí, pero siguen manteniendo un importante papel en la impartición de la formación, y también acceso a la financiación (que, eso sí, controlará el Gobierno).

El Gobierno siempre ha dicho que quiere que la formación se dé en régimen de concurrencia competitiva: es decir, que no se lo repartan patronales y sindicatos entre sus centros de formación, que compitan con centros privados y públicos y que se lo lleve el que presente el mejor proyecto. Esto va a ser así para la formación que se llama de oferta, subvencionada: el 100% de esta formación se hará mediante concursos, y que gane el mejor. Pero en la formación llamada de demanda, la que dan las empresas por sí mismas o asignándolas a los centros que ellas quieran, se abre la puerta a que estas empresas escojan a organizaciones empresariales o sindicales tanto para organizar como (y ésta es la novedad respecto a anteriores borradores) para impartir los cursos. Así que, siempre que estén debidamente acreditadas, organizaciones dependientes de los agentes sociales podrán seguir haciendo y dando cursos, bien porque ganen los concursos, bien porque las empresas confíen en ellos para sus necesidades formativas.

Esta posibilidad de impartir los cursos se apuntala con el papel reforzado que reciben en el nuevo sistema las llamadas “estructuras paritarias”: una suerte de organizaciones sectoriales constituidas por empresarios y sindicatos, que tendrán poder para planificar la formación en su sector, hacer estudios, enviar recomendaciones a los órganos rectores del sistema… y tendrán también el poder de organizar cursos de formación por cuenta de las empresas que quieran encomendarles esta tarea. Una tarea de organización que puede convertirse en impartición si el curso en cuestión lo asignan a algunos de los centros formativos con los que cuentan sindicatos y empresarios. Así, los agentes sociales podrán seguir teniendo acceso a esos fondos para dar cursos, y una parte de esos fondos (entre un 10% y un 30%, según el tamaño de las empresas para las que se organiza la formación) podrán dedicarse a “costes indirectos”, no estrictamente relacionados con la docencia, una vía que permite bastante manga ancha a la hora de justificar los costes.

El papel asesor de las estructuras paritarias también será recompensado con dinero: el borrador del decreto dice que, por esas tareas, estas organizaciones mixtas patronal-sindicatos recibirán financiación “suficiente”, que determinará anualmente el ministerio de Empleo. Con estas medidas, sindicatos y patronales siguen manteniendo un papel notable en el sistema, aunque es verdad que el nuevo diseño de los órganos de Gobierno de la formación les resta protagonismo y confiere todos los poderes de planificación, control y evaluación del sistema al Gobierno. Así, los agentes sociales pierden presencia, pero no tanta como temían.

En todo caso, es difícil cuantificar cuántos recursos pierden hasta que el Gobierno complete el decreto con otras piezas legislativas llamadas a configurar por completo el sistema: el propio texto remite a decretos y órdenes posteriores que medirán y calibrarán bien quién y cómo recibirá el dinero. Por lo demás, el decreto incluye también medidas como la creación de una unidad especial de la inspección de trabajo ocupada de formación, un sistema integrado de control en el que participarán todas las organizaciones e instituciones implicadas, un refuerzo de las sanciones y una estructura de medición de resultados en función de la calidad, la eficacia de la formación, etc.

Además, se implantará el llamado “cheque formación”, por el que los desempleados podrán acudir a la entidad acreditada que mejor les parezca y hacer cursos con financiación estatal, aunque el sistema tendrá que perfilarse con las Comunidades Autónomas, que son las que tendrán competencias sobre esta materia.

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